La batalla contra los amaños: talleres de integridad en los vestuarios para prevenir sobre las apuestas

El defensor accedió al recinto como copiloto en el coche de su compañero Isaac Romero, saltó al campo de entrenamiento de los primeros y al igual que el resto de jugadores chocó la mano con la totalidad del cuerpo técnico. Todo, bajo la atenta mirada de José María del Nido Carrasco, presidente del club de Nervión y de su técnico, García Pimienta, especialmente atento con su pupilo.

El caso de Kike Salas ha devuelto al primer plano informativo un asunto que en España hasta ahora había pasado de puntillas. Nunca un jugador de Primera división se había visto salpicado por algo semejante. Al canterano se le acusa de forzar de forma deliberada siete tarjetas amarillas en los últimos partidos de la campaña pasada, lo que habría permitido a personas de su entorno ganar unos 10.000 euros en apuestas fraudulentas. Según la investigación, el sevillista habría pactado con amigos cercanos para beneficiarlos económicamente a través de este comportamiento premeditado.

Su situación recuerda a otras que no acabaron bien en el plano internacional. En Italia, el caso Scommesse involucró a Sandro Tonali, Nicolo Fagioli y Nicolo Zaniolo, entre otros. Las inhabilitaciones alcanzaron los diez meses de suspensión por apostar en partidos en los que ellos mismos participaban. En Inglaterra, Ivan Toney fue suspendido durante ocho meses por realizar 262 apuestas, algunas contra su propio equipo. Y al exjugador del Atlético Kieran Trippier le impusieron diez semanas de sanción por facilitar información privilegiada sobre su traspaso al club rojiblanco.

El incidente más parecido, sin embargo, afecta al brasileño Lucas Paquetá, jugador del West Ham inglés, quien el pasado mes de mayo fue acusado por la Premier League de forzar cuatro tarjetas amarillas que habrían reportado a familiares suyos unas ganancias de 118.000 euros. Ahora se enfrenta a diez años de inhabilitación.

En cuanto a Salas, la sanción podría ser por un periodo de dos a cinco años, al margen de lo que dictamine la vía penal, que por estafa llega a establecer tres años de prisión. El jugador no ignoraba este dato. Desde hace varios años LaLiga organiza talleres de integridad obligatorios para todos los equipos de Primera y Segunda, en los que participan jugadores y cuerpos técnicos. Suelen ser dos por temporada, y en ellos se informa sobre la normativa relacionada con las apuestas y también de las consecuencias legales y deportivas a las que se enfrentan si tanto ellos como sus familiares deciden apostar.

Esa labor didáctica es la primera pata sobre la que se sustenta el departamento de integridad que trabaja en esa área, dirigido ahora por el aragonés Iñaki Arbea, un inspector de Policía en excedencia. Él es también el responsable de las tareas de monitorización de los mercados, que se realiza con un software denominado Tyche 3.0, capaz de analizar en tiempo real las apuestas relacionadas con los partidos de fútbol sobre una base de más de 2.000 estadísticas. El sistema no actúa solo en las ligas profesionales, sino que alcanza también a encuentros amistosos, juveniles y de categorías amateurs. Cuando detecta alguna variación anómala en las cuotas o en el número de apuestas, salta el chivato.

Se inicia entonces la tercera fase. Cada reacción anómala en los mercados pasa al Centro Nacional Policial de Integridad en el Deporte y Apuestas (CENPIDA), que trabaja en colaboración con la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Ahí llegó la alerta sobre las amarillas de Kike Salas y fue donde se observaron indicios claros de que se podía haber cometido un delito.

El mercado de las apuestas deportivas mueve unos 37 millones de euros cada día y cuenta con la dificultad de operar de forma global, con especial dedicación en países con una regulación laxa, como algunos asiáticos o de Europa del Este. Por ello, LaLiga decidió impulsar una cuarta pata en su plan en el que colabora con ligas extranjeras, FIFA, UEFA e Interpol.